La Secretaría de Salud reconoció la existencia de casos en los que medicamentos destinados a hospitales y unidades médicas públicas son sustraídos y comercializados de manera ilegal, una situación que podría contribuir al desabasto que enfrentan algunos pacientes en el país.
Eduardo Clark, subsecretario de Salud, explicó que las autoridades cuentan con expedientes relacionados con estas irregularidades, aunque precisó que no se debe responsabilizar de manera general al personal médico o de enfermería por la falta de medicamentos.
El funcionario señaló que algunos productos identificados como propiedad exclusiva del sector público han sido encontrados a la venta fuera de las instituciones de salud, incluso en zonas cercanas a hospitales, por lo que consideró necesario investigar y frenar estas prácticas.
Implementarán controles para detectar irregularidades
Entre las medidas anunciadas se encuentra la incorporación de leyendas visibles en los empaques de medicamentos gratuitos, con el objetivo de advertir que los productos son proporcionados por el Estado y no deben comercializarse.
Las autoridades también buscan promover las denuncias cuando estos fármacos sean detectados en tianguis, farmacias privadas u otros establecimientos.
Otra estrategia será la digitalización del sistema de distribución para rastrear los lotes desde su adquisición hasta su entrega. Este mecanismo permitirá identificar el destino de los medicamentos y detectar posibles desviaciones, particularmente en tratamientos de alto costo, cuyas cajas pueden superar los 200 mil pesos.
Gobierno prevé ahorros en compras de medicamentos
Clark también destacó la importancia de transparentar las adquisiciones públicas mediante el portal de compra consolidada, donde pueden consultarse datos sobre productos, cantidades, proveedores, precios y cumplimiento de entregas correspondientes a 2025 y 2026.
Respecto a las compras previstas para 2027 y 2028, informó que la estrategia gubernamental contempla generar ahorros cercanos a los 70 mil millones de pesos.
Para alcanzar esa meta, se busca fortalecer las adquisiciones directas a fabricantes y utilizar mecanismos de competencia entre proveedores, con la intención de reducir costos y mejorar el suministro de medicamentos en hospitales y centros de salud.
Las medidas buscan combatir la comercialización irregular de fármacos públicos, mejorar la vigilancia sobre su distribución y contribuir a que los tratamientos lleguen a los pacientes que los necesitan.














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