Con el objetivo de reducir los riesgos que enfrentan las viviendas ante fenómenos naturales y los efectos del cambio climático, el diputado Guillermo Ruiz Guerra presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para modificar los artículos 12 y 54 de la Ley de Vivienda para Coahuila.
La propuesta busca incorporar criterios que permitan mejorar la seguridad de los hogares frente a situaciones como temperaturas extremas, sequías, precipitaciones intensas e inundaciones, fenómenos que pueden ocasionar daños materiales y afectar servicios básicos como el suministro de agua potable, drenaje y electricidad.
De acuerdo con los argumentos expuestos durante la presentación de la iniciativa, la ubicación de las viviendas y sus condiciones estructurales son factores determinantes para reducir la exposición de las familias a situaciones de riesgo. Los asentamientos establecidos en zonas inundables, cauces naturales, terrenos inestables o áreas propensas a deslaves pueden presentar mayores dificultades ante eventos meteorológicos adversos.
La propuesta plantea considerar diversos elementos desde la planeación habitacional, entre ellos las características del suelo, los materiales de construcción, la orientación de los inmuebles, el aislamiento térmico, la ventilación y la disponibilidad de agua.
Estos aspectos pueden influir tanto en la seguridad de los habitantes como en el consumo de energía, las condiciones de habitabilidad y el impacto ambiental de las construcciones.
La iniciativa también toma como referencia los desafíos internacionales relacionados con el cambio climático y la necesidad de fortalecer la capacidad de las ciudades para enfrentar sus consecuencias. En este contexto, se destaca la importancia de desarrollar políticas públicas que contemplen los riesgos ambientales desde las primeras etapas de planeación urbana.
En Coahuila, el Programa Estatal de Cambio Climático 2022-2031 establece líneas de acción orientadas a mejorar la capacidad de adaptación de la entidad, incluyendo medidas relacionadas con los asentamientos humanos y las viviendas.
Bajo esta perspectiva, el planteamiento legislativo propone que la construcción de nuevos hogares no se limite a considerar factores económicos o la disponibilidad de terrenos, sino que también tome en cuenta las condiciones ambientales de cada zona y los riesgos que podrían presentarse a mediano y largo plazo.
La propuesta distingue, además, dos objetivos complementarios: la adaptación al cambio climático, enfocada en disminuir la vulnerabilidad de las personas y sus viviendas, y la mitigación, que busca reducir las emisiones contaminantes y los efectos ambientales asociados con las actividades humanas.
De avanzar esta reforma, la incorporación de criterios de resiliencia climática en la política estatal de vivienda podría contribuir a impulsar desarrollos habitacionales más seguros, eficientes y sostenibles, además de fortalecer la protección de las familias coahuilenses ante fenómenos naturales.












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