Un ataque informático provocó la filtración de información personal de aproximadamente 40 mil trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), incluidos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y personal de otras dependencias federales.
De acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses, los datos comprometidos incluyen nombres, números telefónicos y domicilios de empleados, agentes operativos y colaboradores. Entre la información expuesta también habría registros relacionados con personal que participa en operaciones confidenciales.
El grupo responsable de la filtración aseguró que su objetivo es revelar la identidad de agentes involucrados en acciones de control migratorio impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
Parte de la información fue entregada a otra organización, que posteriormente la publicó en internet. La difusión ha generado preocupación por los posibles riesgos para la seguridad y la privacidad de los trabajadores afectados.
Miles de registros corresponden a personal migratorio
Entre los datos divulgados, más de 21 mil registros estarían relacionados con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), mientras que otros 10 mil corresponderían a trabajadores del ICE y de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El Departamento de Seguridad Nacional reconoció estar al tanto de la situación y señaló que trabaja para atender los riesgos y proteger la información de su personal.
Preocupa la exposición de información sensible
El incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación por los ataques informáticos contra instituciones gubernamentales estadounidenses.
Aunque la filtración abarcaría una parte considerable de los registros afectados, la información difundida no representaría la totalidad de la plantilla del DHS, organismo que cuenta con más de 220 mil empleados.
La publicación de datos personales de agentes y funcionarios podría generar riesgos para su seguridad, especialmente en aquellos casos relacionados con operaciones de investigación y vigilancia.
Hasta el momento, el caso pone nuevamente sobre la mesa los desafíos que enfrentan las instituciones públicas para proteger sus bases de datos y prevenir la exposición de información sensible.














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